Comunicado del Observatorio Social, Político y Económico de la Universidad Católica de Valencia «San Vicente Mártir»

Este observatorio de la Universidad Católica de Valencia ha analizado la situación española y, después de elaborar un Informe, considera conveniente ofrecer a la opinión pública un comunicado con sus principales conclusiones, que pretenden orientar a los ciudadanos en estos momentos decisivos de nuestra historia, inspiradas en el respeto a la Constitución, en su trigésimo séptimo aniversario, y en la defensa del espíritu de concordia que presidió nuestra Transición a la democracia:

1. El primer problema de nuestro país es la crisis moral que ha llevado a muchos a negar la condición personal del hombre, entregándolo a un relativismo ético que lo abandona a una existencia sin sentido, desprovista de principios y fundamentos.

2. Los derechos humanos fundamentales son previos al Estado, y éste los debe reconocer, garantizar y defender, pero que nunca los crea, ya que pertenecen esencialmente a la dignidad de la persona.
El contenido de la libertad religiosa es amplio pues comprende derechos, como el que asiste a los padres para que sus hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Y también, entre otros, el derecho a recibir asistencia religiosa de su propia confesión en centros hospitalarios, asistenciales y penitenciarios; el derecho a contraer matrimonio religioso; y el derecho a la objeción de conciencia.
Para que esta libertad religiosa sea plena y real, el Estado tiene que tener en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española, y mantener relaciones de colaboración con la Iglesia Católica y las demás confesiones (Art. 16.3 CE). No es legítima la pretensión de convertir la aconfesionalidad del Estado, que establece la Constitución, en un laicismo radical que excluye la presencia de la religión en la vida pública, asumiendo así una especie de ateísmo de Estado.

3. El trabajo es una de las mayores preocupaciones de los españoles y, aunque hemos superado la etapa más dura de la crisis, la situación laboral todavía es precaria. El Estado debe seguir creando las condiciones favorables para que la sociedad, a través de la colaboración entre empresarios y trabajadores, continúe generando empleo y riqueza, y promoviendo una economía basada siempre en la dignidad de la persona.
Los jóvenes no pueden quedar al margen de la vida pública. Por el contrario, han de ser impulsores responsables de una renovación social. Se debe respetar su estilo propio, al servicio de la creación de una nueva humanidad, donde los más débiles sean considerados los primeros.

4. La educación consiste, ante todo, en la formación integral de la persona. Una sociedad vale ante todo por el estado de su educación. Por eso nunca debe estar sometida a vaivenes ideológicos coyunturales. Para evitarlo, es necesario promover un pacto nacional entre los principales partidos leales a la Constitución y a la unidad nacional. La misión del Estado en la educación consiste en garantizar el derecho a recibirla, pero no en determinar su contenido.

5. Para garantizar el derecho a la vida desde su concepción hasta la muerte natural, es necesario cambiar las propuestas políticas que suponen una amenaza contra la vida y su dignidad. La aceptación social del aborto y su injusta concepción como un derecho, la legalización de la eutanasia bajo prácticas y eufemismos que la encubren, la cosificación de las madres de alquiler y la experimentación con embriones humanos constituyen agresiones a la dignidad humana que deben ser rechazadas.

6. El problema del terrorismo internacional se ha acrecentado y convertido en una grave preocupación. Queremos subrayar la necesaria unidad de todos frente a la barbarie y la necesaria proporcionalidad para la legítima defensa. Utilizarlo políticamente para desgastar políticamente al adversario constituye juego político sucio. En los grandes y graves asuntos de Estado no cabe el partidismo. Nunca debemos olvidar que, aunque ciertamente hay crimen organizado, sólo delinquen las personas.

7. La acogida de los refugiados es un derecho de ellos y una obligación para nosotros, y debe ser abordada con extrema generosidad y responsabilidad. Es una tarea de toda la sociedad; no sólo ni principalmente del Estado.

8. El desarrollo sostenible, el cuidado de los recursos naturales y el respeto al medio ambiente es una prioridad social a nivel nacional e internacional. También, por supuesto, para la Iglesia Católica (Francisco, Laudato Si, 2015, 43). El deterioro grave del medio ambiente, que puede conducir a su destrucción y, con él, al de la vida humana, constituye un crimen.

9. Respecto a los conflictos secesionistas, queremos recordar que España es fruto de un largo proceso histórico de incorporación nacional que arranca del Concilio de Toledo en el que han existido episodios violentos pero que en ningún caso puede entenderse como imposición violenta de unos pueblos sobre otros. Cabe recordar que, como señala la ONU, la secesión sólo tiene justificación cuando un territorio ha sido colonizado o invadido (A/CN 4/204). Hoy la unidad nacional constituye un bien moral y político amenazado que debe ser garantizado y defendido.

10. En nuestra forma de Estado como monarquía parlamentaria, los partidos políticos deben compatibilizar su función de ser cauces para la participación política de los ciudadanos con el protagonismo de la sociedad civil. En este sentido, la familia, la Iglesia Católica y otras confesiones, el asociacionismo, la Universidad y la Escuela, deben ser escuchados y apoyados en su contribución al bien común

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