Han interpuesto una queja al Síndic de Greuges e instan a no dejar fuera de las ayudas a las personas más vulnerables
VALENCIA, 7 JUL. (AVAN).-Las tres Cáritas Diocesanas de la Comunitat Valenciana han presentado formalmente una queja ante el Síndic de Greuges en la que instan a la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática de la Comunitat Valenciana a no dejar fuera de las ayudas al alquiler a las personas más vulnerables de nuestro territorio.

El pasado 13 de mayo se publicó la Orden 3/2021 por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de ayudas del Programa de Ayudas al alquiler de viviendas y del Programa de ayudas al alquiler para jóvenes.

En ella se excluye, expresamente, la presentación de las mismas por registro general de entrada, por lo que cientos de personas que carecen tanto de dispositivos como de conocimientos informáticos quedarán fuera del acceso a dichas ayudas.

A principios del mes de junio, un equipo técnico de Cáritas Valencia se reunió con la Direcció general de Emergència Habitacional, Funció Social de la Vivenda i Observatori del Hábitat i Segregació Urbana, para hacerle conocedora de la limitación que esta medida suponía para y dar así la posibilidad de rectificar la referida Orden.

En este sentido, Cáritas pidió que se flexibilizaran algunas de las medidas y que se implementaran citas presenciales para facilitar a las personas que carecen de medios electrónicos la solicitud de las ayudas.

En los últimos días, personal técnico de Cáritas Comunitat Valenciana ha comprobado que dichas citas son insuficientes para el volumen de personas que las necesitan. Esto, junto a su vocación de atender a las personas en situación de mayor vulnerabilidad y acompañarlas en el ejercicio de sus derechos ha animado a presentar esta queja ante el Síndic de Greuges con el objetivo de reclamar que se modifique la legislación que excluye del acceso a ayudas sociales a quienes más las necesitan.
Asimismo, Cáritas Comunitat Valenciana recuerda que las personas en situación de vulnerabilidad a las que acompaña, y hacia las que están destinadas las ayudas al alquiler, suman, además, dificultades materiales y habilidades digitales para poder relacionarse con la Administración. En consecuencia, la llamada brecha digital deja fuera del sistema a quienes más lo necesitan.

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